Justicia en Colombia

Jueces y personas funcionarias en Colombia, generalmente de la rama judicial, se enfrentan constantemente a presiones por parte de grupos armados: militares, paramilitares, guerrillas o delincuencias, para que abandonen los casos, se falle en favor de los criminales y no se ejerza la justicia que las víctimas necesitan.

La Corte determinó que Colombia violó los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial, tanto de las víctimas como de sus familiares, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como resultado de estas violaciones, el Tribunal decretó que el Estado debe activar y completar la investigación de la masacre con el fin de juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales. La sentencia de la Corte Interamericana constituye un aporte significativo en la búsqueda de justicia, verdad y reparación de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de la Rochela.
Este caso se refiere a una masacre cometida, en enero de 1989, en el corregimiento de “La Rochela”, departamento de Santander, en la cual murieron 12 personas y sobrevivieron 3. Las víctimas, todos funcionarios judiciales, estaban investigando, entre otros crímenes, la masacre de los 19 comerciantes, caso que también analizó la Corte Interamericana en julio de 2004. La Corte consideró que la masacre se dio en un contexto de violencia contra funcionarios judiciales, y bajo leyes que permitieron la creación de grupos de autodefensa que posteriormente se convirtieron en paramilitares.
Si bien el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en estos hechos y existen testimonios que involucran la participación activa de agentes estatales en los mismos, no se han registrado avances en la investigación y sanción de los responsables de la masacre.