Ciudadanía perseverante y Estado Social de Derecho

Como rocas, hay muchas personas en Colombia que sirven como referentes éticos y políticos en lo público - necesarios- vienen haciendo una enorme labor en la perspectiva de fortalecer procesos de justicia, verdad, reparación, garantía de no repetición y lucha contra la impunidad frente a crímenens de lesa humanidad perpetuados por agentes del estado.
Con su trabajo están contribuyendo a construir democracia en Colombia, que nos devuelva la dignidad a quienes ya hemos sido asesinados y que protejan la de quienes aun siguen respirando. En el texto de la carta, no deja de sorprenderme, la persistencia y valor que tiene al enfrentar procesos de impunidad, con las herramientas consitucionales y del derecho, ante un gobierno que con una llamada telefónica o una carta tiene injerencia y manipula las diferentes organismos de justicia.
Si denunciar crímenes tan horrendos y solicitar, mediante mecanismos legales fundados en evidentes principios constitucionales, que se aporten los elementos imprescindibles para incoar procesos tendientes a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, no por las trilladas vías ineficaces, corruptas y encubridoras que ya muestran hasta la saciedad su carencia de resultados, sino ensayando otros mecanismos abiertos por el derecho internacional, constituye una vulneración del “derecho al buen nombre” de la fuerza pública y de quienes estuvieron incursos en los crímenes, es porque su Despacho, Señor Ministro, considera que el “buen nombre” debe construirse y protegerse mediante políticas de encubrimiento y no con políticas de justicia.