Finaciadores del paramilitarismo en Colombia y relación con Álvaro Uribe Velez

NO SOLO POR LA PÍRRICA MULTA DE E.U., SINO POR LA INACCIÓN COLOMBIANA

¡Indignados con Chiquita!

Claudia López. Columnista de EL TIEMPO.

Con razón ha causado gran indignación nacional el pírrico acuerdo al que llegó la bananera de Estados Unidos Chiquita Brands con la justicia de ese país, según el cual aquella será multada con 25 millones de dólares por haber pagado a los paramilitares 1,7 millones de dólares en 7 años (1997-2004).

Ninguno de los directivos que hicieron el acuerdo y giraron el cheque serán juzgados. Esos patrocinadores de asesinos seguirán fungiendo como empresarios; como pasa en Colombia. Me gustaría saber cómo habría juzgado ese mismo tribunal a una empresa estadounidense que pagara durante siete años 1,7 millones a un grupo armado talibán en cuyo radio de acción, casualmente, se asesinaran trabajadores estadounidenses. Pero si la indignación por la decisión estadounidense es de esas magnitudes, por la inacción colombiana debería ser infinitamente mayor.

En Urabá hay siete grandes bananeras. Cuatro colombianas: Uniban, Banacol, Sunisa y Bagatela. Y tres estadounidenses: Proban (Dole), Conserva (Del Monte) y Banadex (Chiquita). A partir del 2005, Chiquita le vendió sus negocios en Colombia a Banacol.

Desde hace meses hay una declaración confesa de alias 'el Alemán', según la cual todas las bananeras de Urabá les pagaban a los paramilitares a través de la Convivir Papagayo. Esta Convivir Papagayo, que sigue fungiendo todavía como una 'Cooperativa Especial de Vigilancia y Seguridad' legal, fue creada en 1997, el mismo año en el que Chiquita reconoce haber empezado a hacer pagos a los paramilitares. Esa Convivir fue, como muchas otras, promovida y creada en la gobernación del hoy presidente Álvaro Uribe, con la autorización del entonces Superintendente de Seguridad, Herman Arias, hijo del entonces presidente del gremio bananero Augura, José Manuel Arias Carrizosa.

La Convivir Papagayo acepta que recibe de las bananeras un pago de 3 centavos de dólar por caja exportada. Del año 97 al 2004, según datos de Augura, las bananeras de Urabá exportaron algo más de 472 millones de cajas. Es decir que por pago de cuota a la Papagayo, o sea a los paramilitares, los hicieron parte de la bicoca de 13,6 millones de dólares.

Chiquita participa aproximadamente con el 17 por ciento de las cajas exportadas. Se deduce, entonces, que entre el 97 y el 2004 debió pagar 2,3 millones de dólares a la Papagayo, de los cuales reconoció haber dado a los paramilitares 1,7 millones. Pero bueno, reconoció algo. ¿Y los demás qué?

¿No es acaso indignante que con varias declaraciones confesas, incluyendo la del jefe paramilitar de la zona y un juicio en Estados Unidos, ni el Gobierno ni la justicia de Colombia hayan abierto una sola investigación, ni mucho menos impuesto aunque sea la misma insignificante sanción de Chiquita a las demás bananeras?
Por el contrario, como en otros casos, los vinculados a la oscura maniobra son amigos y colaboradores del presidente Uribe. Nicolás Echavarría, quien exporta banano con Del Monte, otra multinacional que tiene el 8 por ciento de la exportación de Urabá, fue el embajador de Colombia ante la Unión Europea en el primer mandato presidencial y la mano derecha del bananero y presunto jefe paramilitar de Urabá, conocido con el alias de 'Pedro', Emilio Hazbún, pujante promotor de la reelección presidencial.

El apoyo de las bananeras a los 'paras' no se redujo a la financiación, sino que incluyó el tráfico de armas. Por el puerto de Turbo, y sólo en un reconocido caso, Carlos Castaño introdujo 3.400 fusiles y 4 millones de cartuchos. Un diligente miembro de la Interpol investigó el hecho y lo denunció ante el director del DAS.
Lo que no sabía el investigador es que había entregado el informe a Jorge Noguera, todo indica que vinculado con los paramilitares.
La investigación, obviamente, nunca prosperó. Pero, claro, lo indignante es que sólo la justicia estadounidense haya juzgado a una bananera e impuesto la pírrica sanción de 25 millones de dólares. Lo demás son logros de la seguridad democrática.


Claudia López